No es oro todo lo que reluce

(Un artículo de Juan Antonio Maroto publicado en el suplemento económico de El Mundo el 1 de marzo. Y es que en esto de las energías renovables hay mucha demagogia...)

Aparentemente se trata de un concepto claro. El déficit de tarifa del sector eléctrico español es la cantidad de los costes de generación, transporte y distribución de energía que no se cubren con los correspondientes ingresos que pagan los consumidores domésticos e industriales. En otras palabras, son pérdidas.

El déficit de tarifa existe, en primer lugar, porque los precios de venta de la electricidad están intervenidos por el Gobierno que, a sabiendas, los fija por debajo de los costes reales. La medida no parece que sea para proteger a los consumidores, ya que ellos son los que pagan esas pérdidas en un plazo de 15 años, con los correspondientes intereses.

Para este año, y de acuerdo con lo previsto en la Orden 3801 /2008 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se espera que el déficit de tarifa supere los 4.000 millones de euros, por lo que el déficit total acumulado se acercará a los 20.000 millones de euros. En paralelo, durante 2009, los españoles pagaremos en el recibo de la electricidad 1.468 millones de euros que servirán para amortizar el déficit acumulado hasta la fecha y que sigue creciendo. Es urgente adoptar medidas para resolver esta situación. Pero para entender realmente el problema y sus causas es necesario sumergirse en el laberinto regulatorio en el que se halla el sector eléctrico.

Y es que la otra explicación del déficit de tarifa viene de que el recibo de la luz de un consumidor español no refleja únicamente lo que ha gastado de electricidad. Los sucesivos gobiernos han ido incorporando costes que, entre todos, vamos pagando y que no están directamente relacionados con los costes reales de la electricidad: subvenciones al carbón, moratorias nucleares, costes de transición a la competencia, impuestos especiales, IVA por encima del aplicado en la UE, subvenciones a la electricidad en Baleares y Canarias,...

Pero existe un apartado que se ha ido destacando por su especial relevancia, cuantitativa y cualitativa: las subvenciones a las energías renovables.

Según las directrices del Ministerio de Industria, para este año se prevé el desembolso de más de 4.000 millones de euros por concepto de subvenciones a las energías renovables, una cifra que se incluye en el coste de la energía que pagarán los consumidores.Dicho de otro modo, la cifra del déficit de tarifa eléctrica para 2009 equivale a la subvención que se pagará este año para energías renovables. Esto significa que en realidad no existiría un déficit o problema de tarifas en el sector eléctrico español; sino un problema acerca de cómo financiar las subvenciones a las energías renovables.

En ningún momento quiero poner en duda la importancia e incluso necesidad de las llamadas energías renovables (básicamente la eólica y la solar), pero sí pretendo que todos tengamos bien presente las consecuencias económicas que entrañan.

Cuando se analizan las cifras del Gobierno en lo referente a generación eléctrica, queda claro que la energía eólica cuesta un 47% más y la solar un 514% más que las tecnologías convencionales (hidráulica, carbón, nuclear y gas). A esto hay que agregar que para el año 2009 se prevé que el volumen de la generación eólica aumente en un 20% y la solar en un 100%.Naturalmente, la consecuencia de todo ello es un auténtico disparo de los costes, infinitamente mayor a la subida de tarifas del 4,7% aprobada por el Ministerio.

Esto se debe a que la mayor parte de las tecnologías renovables siguen sin ser económicamente rentables en la actualidad, y precisan de cuantiosas subvenciones para justificarse, con la esperanza de que este apoyo permita una evolución tecnológica que las haga rentables, sin subvenciones, en un futuro no muy lejano.

Así pues, no estamos hablando de auténticos costes de producción de la energía, sino de subvenciones para I+D+i. Pero el problema es que no son las empresas ni los gobiernos los que pagan esa subvención a la investigación, sino directamente los consumidores a través de la críptica factura eléctrica.

Con independencia de la opinión medioambiental, estratégica o política que pueda sustentarse al respecto de las energías renovables, es imprescindible darse cuenta de las consecuencias económicas que supone apoyar determinadas tecnologías como la eólica o solar.No es razonable apostar por ellas sin primero entender que esto significa un importante incremento en el coste de la electricidad.O lo que debería ser más razonable: exigir al Gobierno que deje de gravar a los consumidores e incluya estas subvenciones en los presupuestos del Estado para I+D+i.

(Juan Antonio Maroto Acín es catedrático de Economía Financiera en la Universidad Complutense de Madrid.)