La austeridad soñada

(Un artículo de Jesús Fernández Villaverde y Juan F. Rubio en el suplemento económico de El Mundo del 11 de octubre. Recordando que el exceso de optimismo es algo que hay que poner -también- en perspectiva)

Las sombrías estimaciones actuales apuntan a que el déficit de las Administraciones Públicas para 2009 puede pulverizar la inusitada cota del 10% del PIB. Dado que tan recientemente como en el 2007 se presumía de un superávit de más de un 2%, el lector atento se preguntará cómo hemos podido experimentar un cambio de 12 puntos en apenas 24 meses. La respuesta instintiva es culpar de este desastre de las cuentas públicas a la actual recesión. Esta es la postura del Gobierno: la crisis ha reducido los ingresos mientras que los gastos se han incrementado para paliar el impacto de la misma. Y aunque el argumento no carece de fundamento, esgrimirlo como explicación universal oscurece una realidad mucho más negativa.
El desliz histórico detrás de la gravedad actual es que, en España, dormimos durante ocho años dorados, del 2001 al 2008, y soñamos una austeridad que nunca existió. A primera vista, el comportamiento de las cuentas públicas durante este tiempo parecía más que aceptable, tanto si la comparábamos con nuestra experiencia histórica como si mirábamos las cuentas públicas de nuestros vecinos europeos.

Estos eran los números que esgrimían nuestros políticos cuando se les llenaba la boca de autoalabanzas. Sin embargo, si uno mira con calma, descubre, con pavor, que las cosas no son siempre lo que parecen. El periodo 2001-2008 fue una época de extraordinaria bonanza económica, en el que todo iba viento en popa. Lo sorprendente no es que las Administraciones Públicas fuesen capaces de cuadrar sus cuentas, lo increíble es que no acumulasen superávits mucho más grandes.

Con una economía creciendo al 4%, un superávit del 2% no es de recibo: es algo así como convencerse uno mismo de que es un ahorrador cauteloso porque en el mes de la paga extraordinaria es capaz de meter 10 euros extra en la cuenta de ahorro.

A más y a mayores, la lectura de las cuentas públicas tenía que corregirse por dos elementos fundamentales: el superávit de la Seguridad Social y los ingresos públicos relacionados con el boom inmobiliario. Del 2000 al 2008, la seguridad social recaudó más de lo que gastó. De hecho, sin contar con ella, sólo hubo superávit en el 2007 y 2008. Esto fue posible porque, durante los años de referencia, España creó empleo a una tasa anual de casi el 4 %. Pero esto es un ejemplo flagelante de pan para hoy y hambre para mañana. Si el empleo crece, suben los cotizantes y los ingresos hoy, pero también suben los pagos futuros de jubilaciones, con lo que no es obvio que estemos mejor que al principio, sobre todo porque buena parte del empleo creado fue de bajos salarios y nuestro sistema de seguridad social es muy redistributivo.

El segundo foco de nuestra explicación de la complacencia nacional fue el boom inmobiliario. Hemos calculado que los efectos recaudatorios extraordinarios (IVA e ITP) de éste explican, por sí solos y tirando por lo bajo, al menos la mitad del superávit del 2006 y más de un tercio en 2007.

Es decir, que cuando los gobernantes se frotaban las manos hace un par de años porque las cuentas públicas mostraban un superávit de alrededor el 2% del PIB, deberían haber estado muy preocupados porque, en realidad, el superávit hubiera necesitado ser mucho mayor.
Pero la culpa no es solo del Gobierno. El sueño de una austeridad falsa nos atacó a todos. Sólo tenemos que ir a las hemerotecas para ver cómo, durante 2006 o 2007, unos pedían que gastásemos el superávit en nuevos programas sociales (y los más atrevidos sugerir que incluso aprovechásemos el margen de déficit permitido por la Unión Europea) mientras otros querían reducir impuestos a diestro y siniestro, mientras todos estaban de acuerdo en que el AVE tenía que pasar por toda ciudad de mediana importancia o que las facultades medio vacías no se podían cerrar bajo ningún concepto.

Nadie se quejó en 2007 de un superávit demasiado pequeño (bueno, en justicia, algunos economistas lo hicieron pero sólo les sirvió para ganarse el oprobio generalizado, no es una profesión agradecida la nuestra) y, por tanto, la enfermedad no se evitó. Lo peor es que, cuando por fin llegaron los malos tiempos, nuestra respuesta ha sido virulenta: mientras se ha desplomado la recaudación, nos hemos dedicado a dar 400 euros, cheques bebé, plan de empleo municipal, incrementar las ayudas a los desempleados y cambiar el sistema de financiación autonómica.

Así es como respondemos a la pregunta del inicio: nuestro déficit público es el pago por ocho años de complacencia y dos de irresponsabilidad.

Jesús Fernández Villaverde es profesor en la Universidad de Pensilvania y miembro de Fedea. Juan F. Rubio es profesor en la Universidad de Duke y miembro de Fedea.