Tribunal de cuentas de Aragón: no somos de ayer

(Un artículo de Guillermo Fatás en el Heraldo de Aragón del 28 de junio de 2015)

El 1 de julio, la Cámara de Cuentas de Aragón cumplirá cinco años. Puede, por eso, parecer que es de ayer, pero no es así, a poco que se sepa mirar el asunto.

Una de las mejores plumas cristianas de la historia, que luego se volvió acremente contra la Iglesia católica, fue Quinto Tertuliano. Su escrito más famoso, el ‘Apologeticum' (‘la defensa'), es una obra vivaz y osada en defensa del cristianismo, que, hacia el año 200, aún había de vivir un siglo perseguido.

El número de creyentes en esa nueva y exótica religión de judíos aumentó velozmente en muchas ciudades del Imperio y empezaba a penetrar por doquier. Tertuliano tenía plena conciencia de la rapidez de ese crecimiento y se lo señalaba, con tono retador, a las autoridades imperiales romanas: ‘Hesterni sumus et vestra omnia implevimus', es decir, «Somos de ayer y ya llenamos todo lo vuestro». Tenía a sus correligionarios como históricamente recién llegados a la antigua y venerable Roma.

Los aragoneses, por el contrario, no son 'de ayer' y estaría bien que no olvidasen con tanta facilidad su pasado milenario. No por altanería, ni por presunción identitaria, ni para competir con los cercanos nacionalismos mórbidos, sino porque es útil un enlace racional y pragmático con el propio pasado.

La Cámara de Cuentas de Aragón tiene, en efecto, aires de recién llegada. Pero, al leer sus antecedentes, que han sido estudiados por E. Sarasa y G. Redondo en sendas investigaciones, se cae en la cuenta de que con esta y con otras instituciones de Aragón, o con sus precedentes, sucede lo contrario de lo que Tertuliano consignaba sobre los cristianos de su tiempo. Porque, en efecto, los aragoneses no somos de ayer. Venimos de lejos. De muy lejos, incluso, pues ya hay en el siglo IX una entidad política llamada Aragón, regida por condes notablemente autónomos. En el siglo XI, se unirá a otras dos comunidades vecinas, Sobrarbe y Ribagorza, y dará su nombre al conjunto. Desde ese momento, los historiadores convienen en que puede hablarse del reino de Aragón. Si se precisa concretar la fecha, puede usarse el año 1035.

En cuanto a la Cámara de Cuentas […] tiene más edad de la que aparenta, en dos sentidos: primero, por sus antecedentes históricos; y, luego, porque su reciente parto ha sido trabajoso y dilatado en exceso. El legislador aragonés invirtió en percatarse de su necesidad nueve años, los que van del primer Estatuto de Autonomía hasta la ley que creó la Cámara en 2001, unipersonal, como en el caso del Justicia. Un candidato perfecto pudo ser José María Rodríguez Jordá. Seis años se tardó en darle más rango, incluyéndola en el Estatuto de 2007, y otros dos en redactar una segunda ley en la que la Cámara pasó a ser entidad colegiada, con tres consejeros. Así y todo, no hubo Cámara hasta el 1 de julio de 2010, fecha que conmemoramos ahora, y no dispuso de reglamento hasta enero de 2011. Esta tardanza tan peculiar fue debida a que, durante años, los partidos de gobierno defendían la entidad y sus importantes cometidos... con tal de que en realidad no existiese.

El control de las cuentas públicas en Aragón fue llevado a cabo, primero, por y para la Corona; y, después, por el reino y sus Cortes. Los reyes trajeron de Italia la institución de los 'maestres racionales'. Era una magistratura (de ahí lo de maestre, maestro o ‘magister’ que auditaba y supervisaba a cuantos cuidaban de la 'ratio' (por eso, 'racional') o porción de los bienes y derechos de toda clase que poseía el rey en cualquier lugar de su jurisdicción, sujetos a reglamentaciones diferentes y a administradores de toda laya y condición.

Primero hubo un solo maestre para todos los estados de la Corona (en Aragón había, además, 'bailes' y 'merinos', gestores del rey) y, luego, para cada uno de ellos. El primer maestre racional del reino de Aragón, Pelegrín de Jasa, fue nombrado en 1420. Tenía intimidad con el rey (a quien avisó de una conjura contra su vida), era noble de bajo nivel y perito en derecho. Un perfil muy interesante.

Después, en 1518, el reino se dotó a su vez de una comisión anual, compuesta por varios diputados. Tenía obligación de residir en Zaragoza durante la primera quincena de junio, para revisar las cuentas anuales del reino. Era su deber denunciar todo gasto hecho contra norma. Por descontado, se obligaba a los autores de fraude «a restituyr y pagar al Reyno», lo que se «executaría en su persona y bienes». Es decir, que las Cortes velaban por la limpieza del gasto público con un organismo propio. Existían abusos económicos en la política y se ponían medios para detectarlos, sancionarlos y, cosa nada menor, deber de recuperar el dinero para el erario. […]